El colectivo de #discapacitados indefenso ante los recortes

El colectivo de #discapacitados indefenso ante los recortes

La calidad de una civilización se puede medir en el grado de protección que presta a sus colectivos más desfavorecidos. Y hay muchas formas de distribuir el esfuerzo necesario para salir de una mala situación económica, pero es evidente que deberíamos evitar que el mayor esfuerzo recaiga sobre las rentas más bajas o con mayor nivel de gasto comprometido en productos de primera necesidad (sanitario).

Cada día nos despertamos con un nuevo susto, una nueva partida recortada, un nuevo plan de integración eliminado. La semana pasada, El Mundo denunciaba que más de 2.500 personas con discapacidad intelectual o trastornos mentales pueden perder su empleo en Cataluña si se aprueba el proyecto de ley de presupuestos del Estado, que recorta un 56% las partidas para la inserción y elimina la discriminación positiva para los discapacitados psíquicos.

Según han denunciado las dos grandes agrupaciones de discapacitados intelectuales de Cataluña, Ammfeina y Dincat, el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) “ni tan siquiera garantiza la financiación del 50% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a los Centros Especiales de Trabajo (CET), de obligado cumplimiento normativo”.

Las dos federaciones han advertido que con ello “se ponen en riesgo a corto plazo más de 2.500 puestos de trabajo protegidos de especial dificultades de los 7.300 que hay actualmente en Cataluña repartidos en 100 entidades sin ánimo de lucro”.

“También peligran las entidades que apostaban por el Trabajo con Apoyo como herramienta para integrar a estos colectivos en la empresa ordinaria, y que en los últimos dos años había atendido a más de 4.500 personas en programas de inserción especializadas de entidades sociales”, según Ammfeina y Dincat.

Estas dos asociaciones de discapacitados intelectuales denuncian que la partida del Estado destinada a subvenciones para la inserción laboral en Cataluña se ha reducido un 56% con respecto al 2011, hecho que no garantiza “ni siquiera los compromisos que la legislación vigente adquiere con los CET”.

Y es que llueve sobre mojado. Y nos abocamos a una situación socialmente insostenible e injusta.

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